- En los últimos días el país ha asistido estupefacto a la información generada por un caso que si no fuera por la persistencia de un solitario periodista, Rogelio Peláez, habría pasado inadvertido: los “arreglos” que se producen entre jueces y abogados que inescrupulosamente violan el artículo 174 del Código Penal y conforman “consorcios” en su beneficio particular.
El Gobierno, a través de Fabiola Salazar, directora ejecutiva del Servicio Nacional de Patrimonio del Ministerio de Economía, ratificó la acusación contra el juez Aníbal Miranda de haber sobrevaluado los honorarios del abogado Waldo Molina por su defensa de los aportantes del Fondo de Retiro del Empleado Público en el proceso contra Dante Escóbar. Molina recibió 3,2 millones de bolivianos cuando le correspondían, según la denuncia, 324 mil.
Más allá de la duda sobre los honorarios, el tema más grave aquí es el del “consorcio” conformado supuestamente para este caso y que debería merecer sanciones drásticas; por ejemplo, la suspensión profesional de los implicados. Por ahora, los involucrados en este vergonzoso caso deben estar mofándose de la benevolencia del Código Penal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario