- Los médicos y trabajadores en salud insisten en preservar su privilegio de trabajar seis horas y por esto mantienen un paro general indefinido en contra del decreto que establece que su jornada debe ser de ocho horas. Como ya se ha dicho en este espacio, en la mayoría de los países del mundo, incluso los más desarrollados, los médicos de servicios públicos trabajan ocho horas o más. Seis horas de labor para un país pobre como Bolivia es un insulto.
Sus medidas de presión no sólo afectan la atención a las personas que acuden al sistema de salud público y de seguridad social, sino también al resto, que no puede circular libremente por las calles debido a bloqueos y marchas esporádicas.
Al inicio del conflicto, los médicos esgrimieron diversas razones para oponerse a la disposición, desde que atentaba contra una conquista sindical amparada por un decreto de 1970, hasta que trabajar más de seis horas les causaba estrés. Este argumento es tan pueril que no vale la pena siquiera comentarlo.
Ante la presión, el Gobierno no ha dado su brazo a torcer y ha mantenido no sólo el decreto sino además, el lunes pasado, anunció su reglamentación, que ratifica que el trabajo debe ser de ocho horas diarias. Pero en otros casos el Ejecutivo ha terminado retrocediendo, veremos qué pasa en esta ocasión.
El Ejecutivo advirtió con despedir a los médicos y trabajadores en salud que no asistan a sus puestos por seis días, que es lo que establece la ley como abandono laboral injustificado. Al haber sido declarado el paro como ilegal, desde el martes los trabajadores en paro podrían ser despedidos. Pero, como dice el refrán, “hecha la ley, hecha la trampa”: los funcionarios asisten, firman, pero no trabajan. El Ministerio de Salud dice que los despidos correrán de todas maneras. En ese marco, el Ejecutivo informó que podría recurrir a médicos jóvenes para reemplazar a los huelguistas.
Para decirlo sin ambages, una buena parte de los empleados sanitarios, incluidos médicos, que trabajan en la Caja hacen un trabajo negligente y despreciativo de sus pacientes, entre los que se encuentran sobre todo los más pobres. Deben trabajar no sólo más (por lo menos ocho horas), sino mejor, con apropiados sistemas de control y supervisión, con mayores mecanismos para que los pacientes puedan quejarse, con más posibilidades de que sean sancionados. La Caja, además, es el centro de acusaciones de corrupción.
Hay una opción de solución que médicos y sanitarios han mencionado: ellos aceptarían la nueva norma si es que son incorporados a la Ley General del Trabajo. Parece una solución sensata que dejaría a todos satisfechos.
Nota original: http://www.paginasiete.bo/2012-04-01/Opinion/NoticiaPrincipal/16Opi00101-04-12-P720120401DOM.aspx
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