martes, 24 de abril de 2012

La falta de tacto en nuestra diplomacia (Editorial 24 / abril / 2012)



    El 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales protagonizó un inesperado giro en la reivindicación marítima -el tema más sensible de la política exterior boliviana-, al anunciar su decisión de recurrir a tribunales internacionales para demandar a Chile por la toma de territorios de Bolivia en la costa del océano Pacífico en la guerra de 1879.

    La decisión de Morales hizo añicos cinco años de conversaciones entre diplomáticos de La Paz y Santiago que tuvieron el objetivo de construir “confianzas mutuas” y así encontrar un ambiente binacional de cordialidad que ayude a dialogar sobre una solución a la aspiración boliviana de lograr una salida al mar, “concreta, útil y factible”, como señalaba el lenguaje manejado en las conversaciones.

    En esa estrategia de judicializar el tema marítimo, hace unas semanas, la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) anunció la conclusión de la etapa más importante de la futura acción ante la justicia internacional: la identificación del sustento jurídico de la demanda contra Chile. También hace días, Juan Lanchipa, director de Diremar, informó que la demanda incluirá la denuncia de incumplimiento del Tratado de 1904 lo cual, según especialistas, implica la virtual aceptación del mencionado instrumento.

    Sin embargo, la semana pasada, el presidente Morales dio un nuevo viraje a la relación con Chile y volvió al estado de cosas presentes el 22 de marzo de 2011, es decir un día antes de patear el tablero, al optar nuevamente por el diálogo bilateral. Informó que él y su colega chileno, Sebastián Piñera, ordenaron a sus respectivos cancilleres la elaboración de una propuesta para solucionar la demanda de Bolivia por una salida al mar. Esta nueva versión surgió tras un encuentro reservado que ambos presidentes mantuvieron en ocasión de la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena, Colombia. 

    Este cambio en las relaciones boliviano-chilenas supone, además de la reanudación de las conversaciones suspendidas en marzo de 2011, que la tarea de Diremar puede haber quedado congelada porque la diplomacia chilena dejó claro que no negociaría si Bolivia mantiene su decisión de recurrir a la justicia internacional. 

    Este último escenario, que parecía interesante y menos confrontacional, tropieza de principio por la imprudencia de hacer pública la reunión de Cartagena, como lo señala la prensa chilena haciendo referencia a versiones oficiales del Gobierno de ese país sobre el encuentro, que reiteran no tener nada pendiente con Bolivia. Esto muestra, una vez más, la ausencia de un verdadero asesoramiento profesional en el tacto que se debe guardar en el manejo de la diplomacia.

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