- Cuando el presidente del estado Evo Morales dijo que la carretera a través del TIPNIS se construiría “quieran o no”, la sentencia se entendía como una autoritaria determinación no sólo ejecutiva, sino también obligada por el contrato de obras del Estado boliviano con la empresa OAS de Brasil.
Las críticas del supuesto sobreprecio para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos llovieron (415 millones de dólares para construir una carreta de 306 kilómetros). Pero no fue sólo eso, también se observó la incongruencia del discurso del MAS respecto a la Madre Tierra y a los indígenas, pues la construcción de la vía violaba el derecho a consulta de los indígenas, que tanto se empeñó en reivindicar el presidente Morales, y priorizaba los intereses desarrollistas por sobre el cuidado del medio ambiente.
En uno de los momentos de mayor polémica al respecto, el pasado año, Página Siete entrevistó a José María Bakovic quien, además de señalar las irregularidades de la contratación de la constructora brasileña, mencionó las ventajas financieras que se presentan para las constructoras cuando se dejan las obras sin concluir. En el caso de la OAS, eso parecía muy lejano. Sin embargo, con el reciente anuncio presidencial de iniciar el proceso de anulación (resolución) del contrato entre el Estado boliviano y la constructora, las advertencias del ex director del SNC y de otros especialistas y dirigentes han cobrado súbita vigencia y el país se apresta a quedarse, una vez más, con un proyecto truncado por la mala gestión que se emprende desde el Ejecutivo o, al menos, por el negligente control de su cumplimiento.
Si es real la salida de la OAS de esta obra, urge repensar la situación del TIPNIS y la posibilidad de construir una carretera que afecte lo menos posible al medio ambiente y beneficie, en lugar de perjudicar, la vida de los indígenas. Esta vez, el Estado debe tomar todas las previsiones y desarrollar un proceso con más transparencia que el que actualmente vislumbra su fracaso.
En estas condiciones no se entiende las razones de mantener la consulta “previa” y, con seguridad, si ésta quedara suspendida hasta obtener un estudio de prefactibilidad para la obra, los dirigentes de la Subcentral del TIPNIS y la CIDOB estarían obligados a considerar la suspensión de la IX marcha hacia La Paz.
Estamos a una semana del inicio de una nueva marcha indígena y con ello, inevitablemente, el retorno de la tensión. Está en manos del Gobierno la sabiduría de evitar un nuevo y sacrificado esfuerzo de hombres, mujeres y niños indígenas del TIPNIS.
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