Desde que el ministro de Economía declaró que la nueva Ley del Banco Central de Bolivia eliminará la independencia que la actual norma le otorga, una de las razones más repetidas para asumir esta posición ha sido que esta institución nunca fue independiente.
La independencia del BCB se refiere fundamentalmente a que en las decisiones que asume respecto a preservar la estabilidad de precios, principalmente relacionadas con la emisión de dinero, son criterios técnicos los que deben primar. Esto es, criterios alejados de cualquier decisión política que provenga del Ejecutivo. O sea, la razón de la independencia de un banco central está fundamentada en bases técnicas que no tienen nada que ver en que si éstas son o no neoliberales.
La consideración hecha por Arce, en cuanto que ahora el BCB debe estar al servicio del pueblo, suena a subordinar esta institución al Ejecutivo. Una declaración que desvirtúa al quehacer propio del BCB, que al ser una institución pública, no puede dejar de lado el servicio a la población, no a un Gobierno determinado.
Que en Bolivia no se cumplan las leyes no quiere decir que ésa es la conducta que se debe mantener. Los estados requieren de instituciones que, siendo estatales, actúen como si estuviesen por encima de los poderes constituidos con una relativa independencia.
En pasados gobiernos y en el actual se vivieron más de una situación en la que la independencia del BCB no fue respetada, como tampoco lo fue la ley que lo respalda. El ex presidente Sánchez de Lozada hizo cambiar la decisión asumida por el presidente del BCB cuando éste intentó introducir un mayor margen en la compra y venta de dólares. El actual Gobierno violó el artículo 22 de la ley del BCB, que prohíbe otorgar créditos al sector público exceptuando los casos de emergencia expresamente declarada. Mediante el instrumento legal equivocado (la Ley Financial), en 2009 se dispuso la concesión de créditos en favor de YPFB, en 2011 a ENDE y Comibol. En 2012 a YPFB y a la azucarera de San Buenaventura.
Pero pese a ello, la institución ha mantenido una autonomía básica que si se hubiera cumplido a principios de los 80, no hubiera existido el pernicioso proceso hiperinflacionario que afectó gravemente a nuestra economía. Por eso es trascendental cuidar la independencia del BCB y recuperar la de las superintendencias, hoy autoridades de fiscalización (y que en regímenes anteriores tampoco fueron muy autónomas).
Antes que los deseos de cambio expresados por el Gobierno, está la salud financiera del Estado y del conjunto de la economía. La preservación de ésta exige un banco central independiente.
El alcalde de Santa Cruz es bastante conocido por diversas “locuras” cometidas en el ejercicio de sus funciones, como cuando saludó a la reina de España con el tradicional “Buenos días su señoría, mandandirun dirun dan” o el arrodillarse públicamente frente a Gonzalo Sánchez de Lozada y hacer como si fuera un perro. Muchos han tomado a broma esas actitudes y, en verdad, en algunos de estos casos denotaba un aire informal y hasta gracioso.
Pero muchas de sus acciones son ofensivas, insultantes e inaceptables. Agravió a un periodista recientemente, fuera de sí, sin poder controlarse. Y ahora parece haber caído más bajo todavía. Fernández tuvo el desparpajo de tocarle las nalgas en un acto público a la suspendida presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz Desirée Bravo, según imágenes televisivas. Vanos fueron los intentos de la víctima por librarse de la escurridiza mano del irrefrenable septuagenario político. Peor es la aclaración que publicó en algunos diarios, señalando que se considera como un padre de la ex concejala. ¿Ello no agrava su accionar? ¡Horrible!
Nota original:
http://www.paginasiete.bo/2012-03-31/Opinion/Destacados/12Opi00231-03-12-P720120331SAB.aspx
Francesco Zaratti
De la dictadura militar de García Meza conservo el ingrato recuerdo de una anécdota que me contaron unos religiosos encarcelados en julio de 1980, junto a mineros, fabriles, estudiantes y activistas de las ONG progresistas de entonces.
Los domingos se les permitía celebrar misa en las instalaciones del cuartel de Miraflores, celebración a la cual solían acudir algunos jefes militares. Había sermones, oraciones y cantos.
Un domingo, al terminar la misa, un coronel cochabambino, que luego tuvo que lidiar con la justicia de los EEUU, reprochó a los curitas que en sus sermones se ocuparan de las cosas de la tierra: “Ocúpense de las cosas del cielo y no se entrometan en las de la tierra”.
Hoy, 32 años después, me estremece escuchar los mismos argumentos, no en boca de un militar tal vez poco versado en temas históricos y filosóficos, sino en la del dueño de 25.000 libros; ayer autodefinido “el último jacobino” y hoy protagonista de la farándula nacional.
Nuestro personaje, con respecto al torpe general golpista, ha ido mucho más allá.
Con motivo de la presentación de la Carta Pastoral de los obispos de Bolivia sobre la ecología, antes de que ese documento se pusiera a disposición del público, respondiendo a un reflejo co(ca)ndicionado, nuestra estrella ha formulado sesudos conceptos de teología, indicando, con la pedantería que lo distingue, el camino que los prelados bolivianos deberían seguir para ser fieles a su vocación. Y ese mandato es, en palabras del aludido (¿o serán de Pierre Bourdieu?), “administrar almas”.
Esa expresión me ha dejado aturdido. Es cierto que no presumo poseer ni 1.000 libros (prefiero pedirlos a las bibliotecas o compartirlos con los amigos), pero una mínima cultura clásica aún me acompaña. La verdad es que “administrar” me sabe mucho a negocios, empresas, medios de comunicación, pegas, sumas, restas y porcentajes, operaciones en que es versado el intelectual de marras. Consecuentemente, “administrar almas” me suscita imágenes de almas en fila delante de un escritorio eclesiástico, para ser catalogadas, ordenadas, pesadas, fichadas y reinscritas, tal vez con el fin de obtener algún bono-indulgencia para las almas solteras o las copleras.
Los seguidores de Platón, a mi modesto criterio, han hecho mucho daño a la teología cristiana, induciéndola a separar el “cuerpo” del “alma”; el cuerpo mortal, portador de vicios y pecados, y el alma inmortal, sede de virtudes y de la chispa de divinidad. De esa manera, por una especie de colonialismo filosófico, se suplantó la sana distinción semítica de la unidad de la persona humana, hecha, como diría Pablo de Tarso, de un cuerpo carnal y, a la vez, espiritual, con la deformante visión platónica. Visión que, por lo visto, todavía enamora a los tataranietos de Maximilien Robespierre, el cual guillotinaba cabezas sin importarle si el alma quedaba liberada del cuerpo o pasaba bajo la administración eclesiástica.
Es justamente esa unidad del mismo hombre que vive ora según la carne y ora según el espíritu, en el cual lo carnal busca “transfigurarse” en lo espiritual, la que autoriza y obliga a los obispos a dar su palabra de pastores para orientar a los que creen y desean escucharlos, siguiendo un enfoque que está muy cerca al sentir de los pueblos indígenas. Esos mismos pueblos que hoy son ultrajados desde el poder por no comulgar con los planes “carnales” de los que, parafraseando una acertada expresión de nuestros Obispos, actúan como paladines de la “ecología inhumana”.
Francesco Zaratti es físico, no es jacobino ni platónico.
Hace una semana, Página Siete publicó una información importante: la ratificación de que el estudio, financiado por la Unión Europea, sobre el consumo legal de la hoja de coca en el país fue concluido en 2010 y que el Gobierno se niega a difundir sus resultados.
La confirmación de que el estudio ha concluido no provino de una fuente externa al trabajo o de un político de oposición, sino de un alto representante de la Unión Europea.
Según algunos responsables del estudio, en la preparación del trabajo se tomaron en cuenta todas las variables necesarias para fundamentar los resultados, como las diferencias de estacionalidades, regiones, tipos de población y otros aspectos. Esto significa que no se dejó nada al azar para lograr un resultado que refleje adecuadamente la realidad del consumo en Bolivia. El dato es de alta sensibilidad porque establecería cuánta es actualmente la producción excedentaria, destinada al narcotráfico.
¿Por qué el silencio del Gobierno? La respuesta a esta pregunta puede generar un abanico de especulaciones que no es intención de este diario enumerar, pero sí debemos demandar una respuesta urgente del Ejecutivo.
El resultado puede ser usado desde un punto de vista positivo para el Gobierno: demostrar al mundo que miles de bolivianos acullican. Ese dato, justo cuando se está realizando una campaña para la despenalización internacional del masticado de coca, podría ser crucial, especialmente considerando que el financiador del mismo, la Unión Europea, es un ente de alto prestigio. Si los resultados siguen embargados, la credibilidad del trabajo puede resquebrajarse y con ello una de las armas fundamentales que tiene la campaña boliviana por el acullicu.
Pero obviamente el estudio tiene un lado negativo para las autoridades, porque éste demostrará que miles de toneladas de coca se destinan al narcotráfico. Ello se conoce desde hace décadas pero sin la precisión que seguramente el informe permitirá inferir. ¿Es ése el miedo del Gobierno?
Entre las especulaciones que han surgido ante el silencio del Gobierno (y, por qué no, de la Unión Europea), está la que afirma que el Ejecutivo ha planteado hacer “añadidos” y “adendums” al reporte, seguramente tratando de explicar o matizar algunos resultados. Por eso, “contaminar” los resultados del estudio de la hoja de coca ya obtenidos con improvisados agregados de última hora puede ser riesgoso para la confiabilidad del trabajo.
El Gobierno tiene que balancear la necesidad de usar esta investigación para la defensa del acullicu en el plano internacional, pero también para redirigir la política estatal de lucha contra el narcotráfico. La transparencia en este tema es imprescindible.
Una reciente ordenanza municipal de la Alcaldía de La Paz determina la realización de un proceso de regularización de las construcciones civiles fuera de norma, es decir una especie de perdonazo a quienes no siguieron los parámetros establecidos para edificar su vivienda, sea unifamiliar o multifamiliar.
Esta norma establece una limitación: sólo podrán “regularizar” su construcción aquellas que vulneraron los parámetros del uso de suelos y patrones de asentamiento antes de noviembre de 2011.
Los que pueden acogerse a esta ordenanza municipal son los propietarios de construcciones sin planos o los que los alteraron tras aprobar los originales, propiedades horizontales que precisen fraccionamiento individual o construcciones modificadas individualmente. También hay condiciones y están destinadas a no aceptar aquellas edificaciones en zonas de riesgo y sitios patrimoniales.
En Bolivia y otros países pobres la propiedad de bienes inmuebles es caótica, insegura y precaria. Ojalá que esta norma empiece a dar fin con estas dificultades.
Nota original: http://www.paginasiete.bo/2012-03-30/Opinion/Destacados/16Opi00230-03-12-P720120330VIE.aspx
Carlos Miranda Pacheco
Con alarma, se indica que la carretera y la exploración petrolera que se está realizando darán fin con el TIPNIS. La información no es correcta. No se está realizando ninguna labor exploratoria petrolera en el TIPNIS.
En 1995, bajo contrato de operación, el bloque Securé fue otorgado a las compañías Repsol, BHP, Total y Maxus. El área del bloque se superponía y sobrepasaba el TIPNIS. El consorcio, con Repsol como operador, realizó trabajos de exploración que justificaron la perforación de pozos exploratorios.
El primero, Villa Tunari X-1 A, llegó hasta 3.032 metros de profundidad, sin lograr producción.
Ese mismo año, 1999, se inició la perforación de un segundo pozo. Eva-Eva X-1, al norte de Villa Tunari, en el corazón del TIPNIS, llegando a 5.830 metros de profundidad. No llenó a cabalidad las expectativas y por tanto el bloque fue devuelto al Estado el 28 de diciembre de 2001.
También en 2001, como contrato de riesgo compartido, el Bloque Río Hondo fue otorgado a Petrobras y Total, al noroeste del TIPNIS, en el área protegida Pilón Lajas. Una pequeña fracción de éste, al sureste, toca el TIPNIS.
Las compañías han realizado labores de magnetometría aérea sin ingresar al área. No han podido proseguir la exploración porque se les negó el permiso ambiental necesario. Por eso se acogieron a la cláusula de “fuerza mayor” del contrato, que permite paralizar operaciones sin perder el área. Desde diciembre de 2004, los trabajos en Río Hondo están paralizados. Esta situación ha sido legalizada por Ley 3672 del 23 de abril de 2007, que aprueba el contrato suscrito con YPFB el 25 de octubre de 2006.
Lo anterior rinde cuenta en cuanto al TIPNIS, pero no agota el tema. Al contrario.
La cordillera de los Andes, al ingresar al territorio nacional por el norte, se divide en dos ramales: Cordillera Real y Occidental. Adosadas al lado este de la Cordillera Real se tienen serranías subandinas, debajo de las cuales se encuentran los campos productores de hidrocarburos, descubiertos en el país desde 1925.
En ese territorio, el área tradicional, con porciones importantes de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, se ha desarrollado la industria petrolera sin dificultades con las áreas protegidas porque se ha declarado como tal una sola, y muy pequeña, después que se habían realizado los descubrimientos petroleros.
La experiencia de más de 70 años en esa zona demuestra que los campos son gasíferos con un bajo contenido de petróleo.
La Cordillera Real, al norte de Santa Cruz, toca los departamentos de Cochabamba, Beni y La Paz, donde también existen serranías subandinas potencialmente petroleras. La escasa información que se tiene del área hasta la frontera con Perú es prometedora.
El pozo Eva-Eva X-1 no fue productor, pero atravesó horizontes con petróleo, cuyas características petrofísicas (porosidad y permeabilidad) no permitían al petróleo fluir libremente.
Hace tres años fue ampliamente publicitada la visita de nuestro Primer Mandatario al casi místico río Kerosene. Ese arroyo en el norte de La Paz, que corre con una película de petróleo en la superficie, motivó un arranque de entusiasmo y optimismo, indicando que en un par de años estaríamos produciendo petróleo en esa zona.
Por otro lado, la admisión de YPFB de que la conversión de gas a líquidos en Bolivia no es factible por un tiempo indeterminado, convierte al país en importador de petróleo.
Esos factores y muchos otros más señalan la conveniencia de explorar el área al noroeste de Santa Cruz.
El gran escollo lo constituyen las áreas protegidas de las tierras bajas, en las que no se permite realizar labores de exploración petrolera. Entre las muchas que existen en el país, para este caso, tenemos las de Pilón Lajas, Madidi y Manuripi, que como un gigantesco rosario cubren toda el área de serranías subandinas, potencialmente petroleras hasta la frontera con Perú.
YPFB está buscando interesados en exploración. La nueva Ley de Hidrocarburos debe estar lista. Es hora de que revisemos nuestra política sobre áreas protegidas.
Carlos Miranda Pacheco es ingeniero.
Finalmente, el Gobierno se inclinó por Corea del Sur para industrializar el litio del salar de Uyuni. Un consorcio surcoreano -conformado por las compañías Kores y Posco- se comprometió a construir en el país una planta para fabricar cátodos de litio, que es un insumo para producir baterías de ese metal. El ministro de Minería y el presidente de la Comibol firmaron un contrato con ejecutivos de las dos empresas mencionadas ante la presencia del congresista Lee Sang-deuk, hermano del presidente coreano, Lee Myung-bak.
Gracias a esta firma, dijeron las autoridades, se podrá posteriormente “escoger la tecnología que se adoptará” en una eventual planta industrial de baterías de litio. La fábrica a la que se han comprometido es todavía una “planta piloto” y con una inversión relativamente menor, de 1,5 millones de dólares, el 50% de ella aportada por el Estado boliviano.
El país tiene la reserva de litio más grande del mundo en el salar de Uyuni, que alberga unos 100 millones de toneladas del mineral.
La noticia es buena, obviamente, porque indica que se está avanzando en la explotación de un recurso natural que Bolivia no aprovecha. Sin embargo, la información podría ser demasiado optimista. La semana pasada, Página Siete entrevistó a Óscar Ballivián, un especialista boliviano en litio, que reside y trabaja en Argentina, que ofreció un escenario para este tema más complicado.
En primer lugar, recordó que Bolivia tiene tanto ventajas como desventajas en la producción de este mineral. Las ventajas, dijo, son el costo más bajo de producción debido a la abundancia de litio en el salar de Uyuni. Pero mencionó también los problemas: mayor lejanía del mar, menos seguridad jurídica, más problemas sociales y menos desarrollo tecnológico.
El especialista también recomendó tomarse las cosas con más calma y recordó que Argentina y Chile, en 15 años de explotación de sus respectivos salares, recién están produciendo carbonato y cloruro de litio con una pureza de 99,9%, y que ahora pueden intentar empezar a construir baterías de litio, de demanda cada vez mayor debido al crecimiento de la producción de autos eléctricos.
Bolivia todavía no ha empezado la producción industrial del cloruro de litio ni del carbonato, tampoco lo hace con una pureza cercana al 100%, lo que pone al país en una situación menos favorecida que nuestros dos vecinos; en el fondo, su mensaje era hacer las cosas poco a poco y no intentar, de cero, una industrialización que requiere de tecnologías avanzadas y cuyo mercado, aunque esté en crecimiento, todavía no está definido.
El tiempo dirá si el plan de la industrialización ofrecida por Corea es realista y útil para el desarrollo del país.
No vamos a poner en duda que el Gobierno del presidente Evo Morales tiene razón en expresar su preocupación por el traslado de armas (tres escopetas Remington y un revólver calibre 38) de una ciudad a otra por parte de la embajada de Estados Unidos. Tampoco vamos a dudar del comunicado de esa legación en el que justifica el traslado de esas armas en razones de cierre de sus oficinas en Trinidad y la necesidad de dejar el equipamiento en manos de la Policía Boliviana en Santa Cruz para la seguridad de otros predios de esa legación.
La embajada ha dicho que informó con antelación a la Policía de este traslado. El Gobierno no ha desmentido esto, pero ha mencionado que el supuesto convenio en el que la misión estadounidense se apoya para el traslado de las armas caducó hace unos meses.
Con todo, claramente el hecho no ameritaba el viaje de los ministros de Gobierno y Defensa hasta Trinidad para analizar el tema. Es algo que pudo ser resuelto mediante un reclamo discreto, sin tanto aspaviento. Uno de los ministros dijo que estas armas ponen en juego la seguridad del Estado boliviano. ¡Por favor!
Ilya Fortún
Qué tal si un día usted se topa conmigo, y yo le salgo con que no sé si podría vivir sin mi Nissan Murano, o que mi vida no sería igual sin mis lentes Armani, o que me sentiría amputado e incapaz de seguir viviendo plenamente si por alguna razón ya no pudiera usar mis audífonos Beats. Pues bien, como es natural, usted pensaría ya sea que me he convertido en un imbécil, o que algo muy extraño me ha ocurrido en la vida al punto de haberme hecho perder la perspectiva. En todo caso, las dos opciones son gravísimas.
Resulta que me ocurre cada vez con más frecuencia sentirme perturbado por ciertas reacciones de gente muy querida y que considero que están lejos de ser imbéciles, que actúan como poseídos por una fuerza sobrenatural cuando se refieren a su relación con sus teléfonos móviles.
La tenencia de estos dispositivos, con tales o cuales atributos, parece estar causando estragos en la mente de sus usuarios, que van más allá de la simple dependencia operativa y que rayan en la alienación y en el desquiciamiento.
Reconozco que el salto tecnológico que han dado los smartphones en los últimos años nos ha deslumbrado a todos, y que sus utilidades nos han cambiado, para bien o para mal, los patrones de trabajo y hasta el ritmo de nuestras vidas; yo mismo soy, considerando además mi edad, un tipo inquieto con la tecnología y afecto a los gadgets de todo tipo.
Pero créanme, otra cosa son los nuevos evangelistas de la tecnología, secta conformada por los usuarios del célebre iPhone de Apple. He visto de cerca horrorosos casos de trasmutación personal, muy similares a lo que ocurre cuando alguien entra a una secta religiosa y no puede resistir el impulso de compartir en público su salvación, desesperándose por convertir a sus congéneres, alumbrándolos con la nueva luz.
He tenido la oportunidad de utilizar durante un tiempo el sagrado aparatito, y debo decir que ciertamente es fantástico, pero curiosamente no es ni único ni extraordinario; prácticamente todas las cosas que hace las puede hacer algún otro teléfono inteligente que corra con Android. Claro, el iPhone siempre será más finito, más estable y con alguna cosita extra que lo sitúa en la vanguardia.
Lo que pasa es que la marca Apple es una cosa tan poderosa como todas las otras marcas del mundo juntas; es el símbolo del dinero, del poder y del éxito, los tres mandamientos del “mundo moderno”. Es la empresa tecnológica más grande del mundo, la que más utilidades tiene (aunque para ello los fabricantes chinos esclavicen a sus empleados), dirigida por el nuevo gurú de las masas occidentales. Usar una marca de ese calibre no da solamente estatus, sino sentido de pertenencia y una seguridad parecida a la salvación. No tenerla o perderla, te lo quita todo.
¿Está hablando este humilde columnista por pura envidia? Es posible. No tengo un iPhone porque es un producto caro y no tengo la espalda para ser usuario Apple; para serlo, debería tener mi iPhone sincronizado con un iPad y, mejor aún, con una iBook; poder renovarlos cada dos años y comprarme otro si lo pierdo o me lo roban, cosa bastante probable cuando uno anda cargando consigo 2.000 dólares. Podría hacer el esfuerzo, pero sería algo así como tener una Range Rover y no tener la plata para la gasolina, los repuestos y el seguro.
Pero también me asusta convertirme en otro chinchoso abogado defensor de oficio de la Apple, y poder llegar a sentir que mi felicidad y mi funcionalidad dependen de un aparato electrónico; la verdad, suficientes conflictos tengo en la vida como para inventarme uno más.
Ilya Fortún es comunicador social.
Grover Yapura
Algo anda mal cuando en el tablero de ajedrez, el rey es protagonista en todas las líneas, al punto que en las otras fichas del juego sus atributos se reducen a los de un peón. Y ya resulta inconcebible que en una partida de ajedrez, las piezas de una misma ficha juegan contra sí mismas. Es decir, negras contra negras o blancas contra blancas.
Sin embargo, esas figuras se hacen objetivas en el sistema político boliviano. El país es un laboratorio de las paradojas, donde se producen resultados insólitos.
A nivel nacional, cuando no hay oposición se busca a alguien para generar conflicto. Quizás por esa obsesión del conflicto, ahora el partido de Gobierno busca a los enemigos internos. Ésos que han sido “infiltrados” por cadáveres insepultos, los de la política tradicional.
Aquel comportamiento también se repite a nivel regional y local.
Ciertamente, La Paz es la sede de Gobierno, pero es parte de un país con diversidades, matices y contradicciones políticas. Un dirigente la ha llamado la capitana de Bolivia, pero un líder que hegemoniza la acción política convierte las proyecciones de las regiones en frustraciones peligrosas.
El avance de la democracia permite que los protagonistas sean cada vez más numerosos y diversos. Los partidos políticos no son los únicos interlocutores; finalmente se ha reconocido el papel de los sindicatos, aunque hoy algunos -conocidos como movimientos sociales- que tienen preeminencia sobre otros. Sin embargo, aún no se legitima el papel de otras expresiones de ciudadanía, el de las regiones.
El centralismo es atrofia democrática, como los discursos circunstanciales evidencian pequeñez.
Otros son los actores y hay diferencias en los matices y estilos. Pero en Santa Cruz se libra una batalla cada vez más intensa que compromete cada vez más su influencia política a nivel nacional. Es una réplica de las paradojas. Los líderes que hace algunos años estaban en un mismo frente y con una sola bandera, han sido absorbidos por la eliminación política del otro cruceño.
A fines de 2008, tras los resultados de ese periodo convulso, se produjo un distanciamiento entre los liderazgos de Santa Cruz. Se dispersaron y generaron confusión en las bases autonomistas.
Luego aquello se convirtió en una ruptura fortísima que afectó el discurso de la autonomía departamental. Esa demanda, que fue eje central de las relaciones entre dirigentes cruceños y el Gobierno entre 2006 y 2009, ha dejado de brillar. Hoy cada uno de los actores protagonistas se dedica a dos tareas: a la gestión como gobernador, alcalde, cívico u opositor, y a debilitar al otro cruceño.
El conflicto de 2008 provocó un ejercicio parecido a la retirada, aquella donde se curan las heridas y se busca un espacio para la reflexión y el balance. En este caso, los dirigentes cruceños de entonces coincidieron en una especie de acuerdo tácito: reforzar el ejercicio político regional para luego apuntar hacia el objetivo nacional.
Pero el tiempo se ha encargado de imponer otras prioridades y nuevas relaciones.
Santa Cruz dinamiza la economía con la fuerza de antes y con mayores estímulos. Ese vigor único la convierte en locomotora nacional y que aguarda el acuerdo necesario para hacer que la agenda productiva sea la de todos los bolivianos. Cuánta falta hace aquello.
Ya en el escenario de la política, los síntomas del enfrentamiento de los líderes deben ser afrontados con espíritu constructivo, democrático, amplio. Si se sienten afectados por centralismo, gran incoherencia sería que cada uno considere su visión de autonomía, como la única válida para la región. Eso parece ocurrir y si es así, será un enorme daño para la imprescindible y esperada influencia de Santa Cruz en el resto del país.
Grover Yapura es periodista.
Una vez más las Fuerzas Armadas dan de qué hablar debido a su apoyo al Movimiento Al Socialismo luego que la tarde del domingo el Alto Mando Militar asistiera a la inauguración del congreso del partido oficialista, en Cochabamba.
Se debe añadir que el acto no era de Gobierno y que el Presidente asistió en calidad de principal líder de esta tienda política. Así, simple y llanamente, el acto de Cochabamba no era otra cosa que un acto político. En una fotografía publicada por Página Siete en su edición de ayer se ve a los jefes militares enarbolando wiphalas y algunos con guirnaldas con las tonalidades blanco, azul y negro, los colores del MAS. Al lado y al fondo se ven banderas de este partido político, como evidencia del sentido de la reunión.
Para empeorar las cosas, un comunicado oficial del Comando en Jefe de las FFAA del Estado Mayor explicó el lunes que los comandantes asistieron en “agradecimiento” al presidente Evo Morales por el apoyo que ha dado a la institución y como muestra del apoyo al proceso de cambio. Es la primera vez que la institución se pronuncia por escrito en este sentido pero antes lo había hecho en forma de discursos de algunos de sus jefes.
La asistencia de jefes militares al acto y la distribución posterior del comunicado contravienen las normas del país. La Constitución Política del Estado es clara en este sentido. Las Fuerzas Armadas no deliberan y están sujetas a las leyes y a los reglamentos militares. “Como organismo institucional no realiza acción política” (artículo 245). No se necesitan más argumentos.
El comunicado castrense resalta el supuesto “nuevo rol” de las FFAA e indica que “asistir a los congresos sociales que se han llevado a cabo no es una vergüenza sino un orgullo”. Sin embargo, insistimos, lo del domingo en la tarde no tenía un carácter de encuentro social; sí, de una reunión político partidaria.
El Comando en Jefe justifica su asistencia resaltando que el actual rol de los organismos castrenses es totalmente distinto al de años anteriores “puesto que hoy las FFAA participan activamente en distintas actividades como: seguridad ciudadana (salvando vidas en ayuda humanitaria), salud, educación, pago de bonos sociales y otros, integrando así a todo el pueblo boliviano”.
El congreso del MAS, sin embargo, no se organizó para tratar ninguno de los asuntos arriba mencionados. Al contrario, la esencia del encuentro fue considerar temas inherentes al partido de Gobierno, desde ratificar el liderazgo y jefatura de Evo Morales hasta asumir la decisión de reinscribir a todos sus militantes, incluyendo a los disidentes que acepten retornar.
El sábado pasado, ya de madrugada, fue muerto a golpes en una céntrica calle de Tarija el joven cruceño Gabriel Mauricio Arce Céspedes.
Según los informes periodísticos, el infortunado joven de apenas 19 años se encontraba de visita en Tarija por el matrimonio de un pariente. Tras la fiesta, la víctima y sus dos primos asistieron a una discoteca tras lo cual salieron a la calle en busca de un taxi, cuando un numeroso grupo de jóvenes los interceptó y agredió verbalmente. Según el diario El Deber de Santa Cruz, un testigo informó a la Fiscalía que los agresores los insultaron por ser “cambas”.
Los jóvenes cruceños huyeron del lugar, pero Gabriel Mauricio, debido a problemas ocasionados por un accidente en moto, no pudo escapar, cayó al suelo donde fue atacado brutalmente, con golpes y el uso de una llave cruz, según el relato periodístico.
Este es un hecho atroz, condenable. Al posible racismo y regionalismo se le debe añadir el pernicioso efecto del alcohol. Los culpables de este hecho deben ser sancionados con toda rigurosidad.
María Galindo
Hace una semana despedí mi programa de radio “La loca mañana”. No me voy por censura, autocensura o cualquier otro tipo de cuestión novelesca. Me voy porque me dedicaré a producir un programa de televisión y la exigencia de la producción en televisión no es posible de combinar con la exigencia de la producción de radio.
Continúo junto a Sergio Calero en esta dirección bicéfala de una de las radios más dinámicas de nuestro medio, radio que sin “La Loca Mañana” de por medio seguirá su dinamicidad de ofertas culturales y políticas gracias a la necesidad de cientos de personas de desatar su libertad, su voz y su discurso en primera persona.
Se trata entonces sólo de una larga pausa de mi voz radial de todos los días. Para hacer una despedida apoteósica e inolvidable busqué un interlocutor de peso como es Pedro Lemebel para realizar con él la última entrevista de este primer ciclo de cinco años. Ya está disponible en nuestra web y tiene una serie de pliegues interesantísimos que la convierte en una pieza de larga vida. La pausa que inicio en Radio Deseo será durante todo 2012 para regresar en 2013.
Mucha gente me ha pedido explicaciones sobre esta decisión y acá intentaré darlas porque se las debo. Con qué dinero y para qué canal haré televisión: gracias a la producción anterior que fue “Mamá no me lo dijo”, tengo el soporte económico para hacer una nueva teleserie, pero eso no significa que tenga a disposición un canal de televisión específico por donde emitir mi trabajo.
Una vez listo el producto buscaré dónde emitir un trabajo que promete ser tan indigesto y anormal como el anterior. Cuento con que todo el esfuerzo se quede sin pantalla, aunque abrigo también la remota posibilidad de que por azares, competencias entre canales o inclusive morbosidad alguien me abra transitoriamente las puertas. Siempre ha sido así nuestra relación con los medios inestable y transitoria, es el precio que se paga por llegar al público sin concesiones.
Creo importante hacer televisión porque hace rato que la concibo como un espacio de lucha política paralelo y análogo a la calle, hacer televisión en ese sentido es como grafitear. El defecto/virtud de la televisión es que estamos hablando de una especie de calle que atraviesa el espacio privado. Un espacio que además fue por años la celda de reclusión de las mujeres y que sigue siendo el lugar donde cachar a la hija, la madre , la abuela y la nieta al mismo tiempo.
Estoy muy consciente de que se trata de un basurero que convierte todo contenido en desecho, que banaliza sin piedad y sin pausa. Justamente la idea es disputarle toda esa capacidad destructiva a la televisión y aunque sea un gesto iluso y minúsculo, cómo no hacerlo si cuando grafiteamos una calle el gesto es también iluso y minúsculo. Haremos una vez más el intento, esta vez desde la televisión, de producir algo que quede marcado en el imaginario social urbano de nuestra sociedad, porque para ella trabajamos.
Hacer televisión como tarea feminista es doblemente interesante porque la pantalla funciona para las mujeres y nuestros cuerpos como espejo y bisturí al mismo tiempo. Un bisturí que lobotomiza mientras abre en las arrugas heridas sangrantes, un espejo que marca el cuerpo con marcador de cirujano carnicero, blanquea la piel y adelgaza el cuerpo como medida de lo válido y lo bello. Un espejo dictatorial que aprieta las barrigas hasta reventarlas y que nos devuelve a las mujeres la estupidez, la blancura y la flacura no ya como modelo de belleza sino como modelo, sentido y valor de la existencia.
¿Cómo no conflictuar esas imágenes?, ¿cómo no ridiculizar las revistas de entretenimiento femenino?, ¿cómo no producir otra cosa diferente capaz de responder a este momento mudo de rebelión de mujeres que vivimos? Rebelión que además parece no poderse ver, ni verbalizar.
Eso haré, eso intentaré hacer y por eso mi voz en Radio Deseo se callará hasta 2013, porque nuestra lucha feminista es una sucesión ininterrumpida de experimentos, de estridencias, de pruebas y de formas testarudas de seguir rompiendo por todas las esquinas el rajado cascarón patriarcal. No respondo sino a mí misma y mis locuras, por eso esta producción de televisión será otra locura más de “La loca de la Mañana”.
María Galindo es miembro de Mujeres Creando.
Alejandro Almaraz
En días recientes, el presidente Evo Morales ha declarado públicamente que, si es juzgado o encarcelado, será por culpa de sus abogados y que, si alguna violación de derechos humanos o error económico comete su Gobierno, será responsabilidad de sus ministros o “de algún compañero”.
Tal declaración, verdaderamente insólita en un Jefe de Estado, motiva dos preguntas casi obvias. Primero, si sus abogados y ministros son tan temibles, ¿por qué no los cambia por otros más confiables, que por lo menos no lo expongan al encarcelamiento? Y si el Presidente del Estado Plurinacional no puede asegurarse por sí mismo de no cometer delitos, violaciones de los derechos humanos y otros errores de gravedad semejante, ni puede asistirse de asesores y ministros que se aseguren por él, ¿no sería mejor que se repliegue a labores menos riesgosas para el país y para él mismo, y deje la conducción del Estado a alguien menos desvalido?
Al mismo tiempo, las referidas declaraciones tienen la singularidad, por una parte, de revelar que el Presidente tiene alguna conciencia de, por lo menos, la posibilidad de estar cometiendo errores, delitos y violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, suponen la proclamación, explícita y generalizadora, de la inculpabilidad presidencial que ya sugerían varios casos particulares.
Así las cosas, quedan bastante más claras las responsabilidades y culpas en los muchos actos gubernamentales merecedores de enjuiciamiento y sanción, sea en el campo institucional de la administración de justicia, o en el político y moral de la opinión pública nacional e internacional. Veamos algunos pocos ejemplos relevantes.
Es previsible que las culpas por el sobreprecio delictivo y escandaloso de la carretera “quieran o no quieran” quedarán exclusivamente concentradas en Patricia Ballivián y los otros dos ejecutivos de la ABC cuya responsabilidad administrativa en el enorme cúmulo de irregularidades del proceso de contratación de la brasileña OAS es señalada por la misma Contraloría. Que para el sentido común sea dudoso que sólo ellos consumaran un fraude tan grande, vinculado a otros también relativos a carreteras y a la OAS, y más aún, que exista evidencia de que el Gabinete ministerial fue formal, minuciosa y documentadamente informado del sobreprecio por el propio Viceministerio de Inversión Pública a pocos días de firmarse el respectivo contrato, y que se prosiguió el proceso consumatorio del fraude, son asuntos desechables en virtud de la proclamada inculpabilidad presidencial.
Ya sabemos que, como corresponde al superior precepto de la inculpabilidad en cuestión, la brutal y criminal represión de la VIII Marcha Indígena fue de entera autoría de un par de subalternos. Las imputaciones no pueden llegar siquiera a Sacha Llorenti, pues resultaría delicado comprometer a quien, después de esos acontecimientos, ha recibido el reconocimiento presidencial de su conmovida y húmeda despedida del Gabinete y la posterior representación del Estado Plurinacional en algún importante evento internacional de DDHH.
Que existan abrumadores indicios de la autoría intelectual de los más altos niveles del Gobierno sobre esos hechos, o que varios y altos voceros gubernamentales hayan afirmado que la represión a la marcha fue “una decisión de Gobierno”, es absolutamente irrelevante.
En cuanto a la aberrante Ley 222 de consulta sobre el TIPNIS, que incurre en graves violaciones a la CPE y en increíbles atropellos a los más básicos derechos indígenas, y que será recordada, en Bolivia y el mundo, como el más grotesco ejemplo de la manipulación conculcatoria de los derechos indígenas, su autoría, dado el anonimato de las disciplinadas manos levantadas en la Asamblea Legislativa, probablemente les corresponda a las presidentas de las Cámaras. Porque, en todo caso, al promulgar la ley, el Presidente sólo respondió al “clamor social” de la “multitudinaria” marcha de Conisur, y tuvo la condescendencia democrática de no obstruir las decisiones del Legislativo.
Pero los subalternos expiatorios no tienen que preocuparse demasiado. Si tuvieran que acudir ante la administración de justicia, con que juren que ellos no fueron y, sobre todo, que no fue el Presidente, la situación estará salvada. Para eso está y estará la “revolución de la justicia”, reproduciendo las viejas impunidades para los nuevos impunes, pero con la novedad de consagrar la expresa inculpabilidad del supremo y la patriótica delegación de sus culpas entre los soldados de la revolución.
Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.
Alberto Bonadona Cossío
En muchos ámbitos del país lo moderno se combina con lo atávico, la nueva tecnología convive con las viejas maneras de sacar dinero. Los que sufren y pagan, por supuesto, son los usuarios de los servicios. El SEGIP es el ejemplo más conspicuo de esta convivencia de la tecnología de punta con lo caduco que representa la oficina de Tránsito.
No es de fácil comprensión cómo es que las autoridades del Gobierno central permiten que los costos de tramitar una cédula de identidad y una licencia de conducir ahora cuestan exactamente el doble. Simplemente por aceptar que siga la Policía de Tránsito entrometida en el proceso de obtener estos documentos, el ciudadano paga dos veces; una es cuando paga los 17 bolivianos para la cédula o los 160 bolivianos para la licencia particular y, aparte, el Estado con los impuestos de todos los ciudadanos tiene que pagar la planilla y toda inversión del SEGIP.
Lo que el SEGIP ha hecho en meses, la Policía de Tránsito no lo pudo hacer en años y ahora se interpone en medio de estos trámites llevándose el dinero de los ciudadanos que, no les queda otra, deben tramitar esos benditos documentos. Lo peor de todo esto, aparte de lo oneroso que significa para el usuario, es que la institución policial no acaba de tener conciencia de lo que exige o si la tiene no muestra rubor alguno.
Cuando usted, estimado lector, deba renovar uno de estos documentos, aparte de no perder la calma, sepa que está pagando a quien no le presta el servicio de otorgarlos. Por negociaciones y presiones de la Policía Nacional, especialmente el trámite de la licencia de conducir se ha convertido en un calvario de ida y vuelta.
Primero requiere un certificado de la FELCC que testimonie que usted no es un delincuente. Un proceso que debió estar ya computarizado, en red con la modernidad del SEGIP y con un costo muy por debajo de los 25 bolivianos que ahora se paga.
Además, está la cancelación por una certificación médica para la cual el médico ni siquiera se dignará utilizar su bien guardado estetoscopio o tomarle el pulso y que cuesta 50 bolivianos. Finalmente, tendrá que esperar 24 horas para que le entreguen su documento.
Además, cada pago se realiza en cuentas diferentes con la única gran ventaja que todas están en el Banco Unión.
En el caso de la cédula se tiene las grandes colas para obtener el certificado de nacimiento computarizado y actualizado debido a los fraudes del pasado que lo exigen así. Un procedimiento relativamente ágil, aparte de la interminable fila. La obtención en sí de la cédula es sorprendentemente rápida como una muestra de la combinación de lo nuevo con lo viejo.
Es tiempo que la Policía Nacional se percate de lo que sus actitudes generan en la población; un desencanto generalizado y una desconfianza creciente que, en los casos de identificación y de tránsito, además supone una duplicación vergonzosa de costos. De esta manera, lo que cada ciudadano paga no favorece al mejor servicio sino a engordar una mala burocracia que perjudica la instauración de procedimientos modernos.
Alberto Bonadona Cossío es economista.
