Las culpas, los culpables y el inculpable

Alejandro Almaraz

En días recientes, el presidente Evo Morales ha declarado públicamente que, si es juzgado o encarcelado, será por culpa de sus abogados y que, si alguna violación de derechos humanos o error económico comete su Gobierno, será responsabilidad de sus ministros o “de algún compañero”. 

Tal declaración, verdaderamente insólita en un Jefe de Estado, motiva dos preguntas casi obvias. Primero, si sus abogados y ministros son tan temibles, ¿por qué no los cambia por otros más confiables, que por lo menos no lo expongan al encarcelamiento? Y si el Presidente del Estado Plurinacional no puede asegurarse por sí mismo de no cometer delitos, violaciones de los derechos humanos y otros errores de gravedad semejante, ni puede asistirse de asesores y ministros que se aseguren por él, ¿no sería mejor que se repliegue a labores menos riesgosas para el país y para él mismo, y deje la conducción del Estado a alguien menos desvalido?

Al mismo tiempo, las referidas declaraciones tienen la singularidad, por una parte, de revelar que el Presidente tiene alguna conciencia de, por lo menos, la posibilidad de estar cometiendo errores, delitos y violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, suponen la proclamación, explícita y generalizadora, de la inculpabilidad presidencial que ya sugerían varios casos particulares. 

Así las cosas, quedan bastante más claras las responsabilidades y culpas en los muchos actos gubernamentales merecedores de enjuiciamiento y sanción, sea en el campo institucional de la administración de justicia, o en el político y moral de la opinión pública nacional e internacional. Veamos algunos pocos ejemplos relevantes.

Es previsible que las culpas por el sobreprecio delictivo y escandaloso de la carretera “quieran o no quieran” quedarán exclusivamente concentradas en Patricia Ballivián y los otros dos ejecutivos de la ABC cuya responsabilidad administrativa en el enorme cúmulo de irregularidades del proceso de contratación de la brasileña OAS es señalada por la misma Contraloría. Que para el sentido común sea dudoso que sólo ellos consumaran un fraude tan grande, vinculado a otros también relativos a carreteras y a la OAS, y más aún, que exista evidencia de que el Gabinete ministerial fue formal, minuciosa y documentadamente informado del sobreprecio por el propio Viceministerio de Inversión Pública a pocos días de firmarse el respectivo contrato, y que se prosiguió el proceso consumatorio del fraude, son asuntos desechables en virtud de la proclamada inculpabilidad presidencial.

Ya sabemos que, como corresponde al superior precepto de la inculpabilidad en cuestión, la brutal y criminal represión de la VIII Marcha Indígena fue de entera autoría de un par de subalternos. Las imputaciones no pueden llegar siquiera a Sacha Llorenti, pues resultaría delicado comprometer a quien, después de esos acontecimientos, ha recibido el reconocimiento presidencial de su conmovida y húmeda despedida del Gabinete y la posterior representación del Estado Plurinacional en algún importante evento internacional de DDHH. 

Que existan abrumadores indicios de la autoría intelectual de los más altos niveles del Gobierno sobre esos hechos, o que varios y altos voceros gubernamentales hayan afirmado que la represión a la marcha fue “una decisión de Gobierno”, es absolutamente irrelevante.

En cuanto a la aberrante Ley 222 de consulta sobre el TIPNIS, que incurre en graves violaciones a la CPE y en increíbles atropellos a los más básicos derechos indígenas, y que será recordada, en Bolivia y el mundo, como el más grotesco ejemplo de la manipulación conculcatoria de los derechos indígenas, su autoría, dado el anonimato de las disciplinadas manos levantadas en la Asamblea Legislativa, probablemente les corresponda a las presidentas de las Cámaras. Porque, en todo caso, al promulgar la ley, el Presidente sólo respondió al “clamor social” de la “multitudinaria” marcha de Conisur, y tuvo la condescendencia democrática de no obstruir las decisiones del Legislativo.

Pero los subalternos expiatorios no tienen que preocuparse demasiado. Si tuvieran que acudir ante la administración de justicia, con que juren que ellos no fueron y, sobre todo, que no fue el Presidente, la situación estará salvada. Para eso está y estará la “revolución de la justicia”, reproduciendo las viejas impunidades para los nuevos impunes, pero con la novedad de consagrar la expresa inculpabilidad del supremo y la patriótica delegación de sus culpas entre los soldados de la revolución.



Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.