- Hace una semana, Página Siete publicó una información importante: la ratificación de que el estudio, financiado por la Unión Europea, sobre el consumo legal de la hoja de coca en el país fue concluido en 2010 y que el Gobierno se niega a difundir sus resultados.
La confirmación de que el estudio ha concluido no provino de una fuente externa al trabajo o de un político de oposición, sino de un alto representante de la Unión Europea.
Según algunos responsables del estudio, en la preparación del trabajo se tomaron en cuenta todas las variables necesarias para fundamentar los resultados, como las diferencias de estacionalidades, regiones, tipos de población y otros aspectos. Esto significa que no se dejó nada al azar para lograr un resultado que refleje adecuadamente la realidad del consumo en Bolivia. El dato es de alta sensibilidad porque establecería cuánta es actualmente la producción excedentaria, destinada al narcotráfico.
¿Por qué el silencio del Gobierno? La respuesta a esta pregunta puede generar un abanico de especulaciones que no es intención de este diario enumerar, pero sí debemos demandar una respuesta urgente del Ejecutivo.
El resultado puede ser usado desde un punto de vista positivo para el Gobierno: demostrar al mundo que miles de bolivianos acullican. Ese dato, justo cuando se está realizando una campaña para la despenalización internacional del masticado de coca, podría ser crucial, especialmente considerando que el financiador del mismo, la Unión Europea, es un ente de alto prestigio. Si los resultados siguen embargados, la credibilidad del trabajo puede resquebrajarse y con ello una de las armas fundamentales que tiene la campaña boliviana por el acullicu.
Pero obviamente el estudio tiene un lado negativo para las autoridades, porque éste demostrará que miles de toneladas de coca se destinan al narcotráfico. Ello se conoce desde hace décadas pero sin la precisión que seguramente el informe permitirá inferir. ¿Es ése el miedo del Gobierno?
Entre las especulaciones que han surgido ante el silencio del Gobierno (y, por qué no, de la Unión Europea), está la que afirma que el Ejecutivo ha planteado hacer “añadidos” y “adendums” al reporte, seguramente tratando de explicar o matizar algunos resultados. Por eso, “contaminar” los resultados del estudio de la hoja de coca ya obtenidos con improvisados agregados de última hora puede ser riesgoso para la confiabilidad del trabajo.
El Gobierno tiene que balancear la necesidad de usar esta investigación para la defensa del acullicu en el plano internacional, pero también para redirigir la política estatal de lucha contra el narcotráfico. La transparencia en este tema es imprescindible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario