- La semana pasada, la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) presentó al presidente Evo Morales el anteproyecto de Ley de Regularización del Derecho Propietario que podría atender un problema que afecta a miles de personas en el país.
El anteproyecto busca que una persona que haya poseído un bien inmueble durante cinco años o más, pero que carece de documentos de propiedad, regularice la situación sobre su bien.
En Bolivia, según datos del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, aproximadamente un 60% de propietarios de bienes inmuebles en áreas urbanas carece de documentos que validen su derecho propietario. Ellos serían los beneficiados con esta norma. Luego, esos bienes podrían servir para movilizar la obtención de créditos bancarios, dándole un impulso al crecimiento económico. Y junto con el derecho viene una obligación, también señalada por el Presidente: una vez que los documentos de propiedad estén en orden, los beneficiados empezarán a pagar impuestos a las alcaldías, lo que aumentará las recaudaciones.
El Gobierno comprometió su apoyo para que la ley sea aprobada cuanto antes. Reconoció que urge tener una norma en este sentido e incluso planteó crear una suerte de INRA urbano. Se aclaró después que este organismo no restaría competencias a la oficina de Derechos Reales.
Una de las dudas respecto al proyecto surgió de propietarios que dan sus casas o departamentos en alquiler o anticrético, quienes temen que sus bienes sean avasallados. El Legislativo, a través de la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, pidió calma y aclaró que inquilinos y anticretistas no pueden beneficiarse con esta ley debido a que uno de los requisitos es que, ante la inexistencia de documentos, la persona demuestre que posee el bien por cinco años o más antes de la promulgación de la norma. El interesado debe presentar como testigos a vecinos. Pero si hubiera un propietario previo, esta posibilidad se anula.
Sin embargo, en un país como Bolivia, en donde se suele interpretar las leyes a gusto y conveniencia, esta situación es riesgosa y demanda que, luego de promulgada la ley, se elabore un reglamento que no dé margen a dudas e interpretaciones y con mecanismos correctos para supervisar y aprobar los títulos.
Otro flanco que atender es el de la autonomía municipal. La Federación de Juntas Vecinales de La Paz ya lo advirtió y el Concejo Municipal de La Paz espera que la futura norma respete estrictamente los predios municipales. Ante este panorama, las alcaldías y DDRR no pueden estar al margen del proceso. Más por el contrario, deben jugar un papel activo en este tema.
Nota original: http://www.paginasiete.bo/2012-04-03/Opinion/NoticiaPrincipal/16Opi00103-04-12-P720120403MAR.aspx
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